¿Quién pagará la multa europea por los pozos ilegales en Doñana?

Una balsa en el entorno de Doñana, alimentada por 17 pozos ilegales.

Estos días nos ha llegado la excelente y largamente esperada noticia de que la Comisión Europea lleva al Reino de España ante el Tribunal Europeo de Justicia lo que podría acabar con la imposición de una multa cuantiosa por no haber querido gestionar el abuso y el descontrol del agua utilizada en Doñana para el regadío, así como para el turismo y el golf en Matalascañas. Nos alegramos por ello – porque quizás supone un cambio en la actitud y la gestión – pero tememos que nuestro Gobierno haga poco caso y simplemente pagaría la multa utilizando para ello los impuestos de todos, incluyendo  los de aquellos que no tenemos la culpa y los que lo hayamos denunciado desde hace años. ¿Es justo?

Entendemos que lo justo y lo que hay que perseguir es “¡quien contamina, paga!” Por tanto, deberían ser los empresarios agrícolas del fresón y el arándano los que tras años de bonanza y beneficios apechuguen con esta multa, además de con los costes de restauración (lo que los economistas llaman “las externalidades ambientales”). Nos gustaría saber qué plan tiene el Ministerio de Transición Ecológica para hacerse con las identidades, cuentas bancarias y avales de los infractores, antes de que se escabullan.

Pero no se acaba ahí la historia. Hablando de responsabilidades y de dinero, también nos gustaría que se reforzara la acción de la Fiscalía de Huelva, para depurar qué políticos, responsables y técnicos gestores de las administraciones implicadas han participado en acciones ilícitas y corruptas, entre las que por nombrar sólo algunas, hay que mencionar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (por su pésima planificación y gestión del agua y la ausencia de control), las variadas Consejerías de la Junta de Andalucía sobre Agricultura (por sus subvenciones), Economía/Minas (por sus permisos a la perforación de pozos), Medio Ambiente (por la tala de bosques y destrucción de ecosistemas) y los Ayuntamientos (Almonte, Rociana, Moguer, Lucena y Bonares). Por lo poco que se ve en prensa, incluso en el año 2018, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha seguido dando nuevas concesiones de extracción de agua en el área de Doñana, a pesar de toda la información y datos en sus manos.

Y claro, no nos podemos olvidar de las cadenas de supermercados españoles, que – al contrario de muchas cadenas europeas en Alemania, Holanda, Inglaterra y los países nórdicos – han ignorado las llamadas para vender sólo productos legalmente producidos, y han llenado sus estanterías con fresón y arándano de Doñana, sin preocuparse por sus pautas de producción e ilegalidades. A lo mejor no reaccionarán hasta que veamos titulares en la prensa con el rótulo “Supermercados MegaBien contribuye a destruir zonas patrimonio de la humanidad”. ¿Qué podemos hacer los demás? Pues visitar y disfrutar Doñana y buscar un consumo responsable, considerando si realmente queremos comer  “fruta envenenada”, antes de comprarla.