La plataforma de afectados AIDA (Ayudas Innovación y Desarrollo de Andalucía) @AfectadosAIDA prepara una demanda conjunta contra la Junta de Andalucía, presidida por Susana Díaz hasta el pasado mes de Enero, por la gestión llevada a cabo por la Administración andaluza en la concesión de los préstamos participativos (en el caso de empresas tecnológicas) e incentivos no reembolsables (en el caso de los autónomos) que fueron dadas a sus proyectos. La citada plataforma, que agrupa a empresas, autónomos y emprendedores, denuncian el “mal hacer de la administración en la concesión y justificación de los préstamos participativos otorgados a empresas tecnológicas dentro de los programas CAMPUS y ATLANTIS”. Según los afectados, “muchas empresas han tenido que cerrar tras varios años de actividad debido a que la administración les reclama ahora el pago de los préstamos por anticipado más un porcentaje de intereses que puede llegar al 20% del préstamo concedido”.
Estos préstamos participativos, otorgados por concurrencia competitiva, formaban parte del 70 por ciento de la inversión a realizar para la puesta a punto de los proyectos tecnológicos. “Muchos emprendedores confiaron en la Junta de Andalucía, invirtieron su dinero en sus negocios y ahora se enfrentan a reclamaciones injustas, algunos incluso podrían perder sus propiedades tras descubrir que incluso varios años después de la justificación de los mismos la Agencia IDEA, de forma unilateral, había declarado los mismos como no justificados”, denuncian. Otros afectados, afirman, no recibieron el préstamo concedido en su totalidad y tuvieron que hacer frente de forma unilateral a las inversiones del plan de negocio presentado y a la devolución del préstamo de manera anticipada con intereses de más del 20 por ciento en algunos casos, según estas mismas fuentes.
Los afectados no son empresas del IBEX 35, sino pequeños emprendeores de perfil tecnológico y autónomos con proyectos empresariales de alto impacto. Muchos de ellos han tenido que cerrar tras las reclamaciones de devolución de la Junta de Andalucía.
La Administración andaluza a través de organismos públicos como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), su entidad de capital riesgo INVERCARIA y la Consejería de Economía y de Empleo, han venido concediendo durante los últimos 10 años ayudas en formato de subvención para autónomos y préstamos participativos para empresas, algunas de ellas de base tecnológica dentro del programa CAMPUS Y ATLANTIS. Desde la plataforma aseguran que “tras los problemas judiciales de la Administración con los numerosos casos de corrupción demostrados, la Junta de Andalucía define como estrategia, la reclamación de los fondos concedidos a autónomos y empresas por medio de la no justificación de los proyectos, alargando el proceso y poniendo todas las trabas posibles para dar los mismos por no justificados, y así no seguir aportando los siguientes tramos y reclamar la cantidad concedida con intereses de demora de más del 20 por ciento”. De esta manera “esta deuda ha sido transferida a autónomos y empresas generando el embargo de los primeros y el cierre de muchas entidades con la consecuente destrucción de puestos de trabajo de calidad”, denuncian desde la plataforma. “No siendo esto suficiente, también está intentando derivar la deuda de las sociedades quebradas a los administradores de las mismas”, aseveran. “Por otro lado también repartían fondos a personas vinculadas al PSOE de Andalucía, estas podían acceder a fondos europeos para empresas tecnológicas sin contar con un proyecto tecnológicos, y llegado el momento de la devolución recibían otro instrumento para poder devolver las ayudas sin tener que hacerse cargo con los fondos personales”. Desde la Afectados AIDA ultiman un dossier con esta investigación que van a presentar a la oficina anti fraude.
En la actualidad la plataforma está interponiendo demandas judiciales frente a la Administración, tanto de carácter individual por las empresas afectadas, como una demanda colectiva de decenas de autónomos y emprendedores afectados. Además están preparando sendas demandas conjuntas de agrupaciones de empresas y autónomos, así como las reclamaciones individuales para evitar que los autónomos sean embargados y tengan que devolver los fondos con recargo, y las empresas puedan devolver los préstamos según el calendario marcado (en general 10 años) y sin los abusivos intereses de demora solicitados.
Otro de los objetivos de la plataforma es dar a conocer el “mal hacer” de la Administración andaluza y su “fomento de la destrucción de empresas de base tecnológica y autónomos, con la consecuente destrucción de puestos de trabajo de calidad y la actividad emprendedora de estos que tanto beneficio puede ocasionar al tejido productivo de nuestra comunidad, para que los emprendedores y la ciudadanía estén informados de lo que está sucediendo, y sean conscientes de que la mala gestión de los recursos repercute en su calidad de vida, calidad de empleo, pensiones y prestaciones de la sanidad entre otras cosas”.
