El Guadalquivir a su paso por Coría del Río. Fotografía: Sandra Díaz-Siachoque
«El dragado no se autorizará». Así de contundente y claro es lo que dice el informe sobre el estado de conservación de Doñana que Junta de Andalucía y Gobierno central han enviado a la UNESCO después de que este organismo le diese hasta ayer de plazo para resolver las amenazas que se ciernen sobre el espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad.
Sin embargo, el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) incluye esta obra entre las que se quieren llevar a cabo en el río que riega Doñana. Ahora resta saber si el compromiso del Estado -del que depende la CHG- se va a llevar a cabo de manera efectiva sacando esta obra de sus planes.
La postura que siempre ha estado latente al respecto ha sido la de la Consjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desde que José Fiscal la encabeza. Sus reiterados ‘no al dragado’ se ven ahora con refrendo y la contundencia del informe que se envía a Europa.
La organización WWF, que hasta ayer criticaba la falta de contundencia en un pronunciamiento directo, celebra hoy esta decisión y la considera «un importante paso», pero pide al Gobierno y la Junta «que se traduzca pronto en un acto administrativo y legal que ponga fin de forma definitiva al dragado, y que se acompañe de un compromiso de no permitir planes futuros de profundización del río, tal y como pedía UNESCO».
WWF informará a UNESCO de que el compromiso de España sólo será creíble cuando se cumplan estas tres condiciones: que la obra no se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, que se anuncie la retirada del proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir, y que el Puerto de Sevilla renuncie al dragado sin realizar un nuevo proyecto con una nueva Declaración de Impacto Ambiental.
El informe se ha dado a conocer hoy en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y asevera que “a la vista de las conclusiones de la Comisión Científica, los fundamentos de la Sentencia del Tribunal Supremo, el posicionamiento del Comité de Patrimonio Mundial, la valoración del órgano de participación y el órgano de gestión de Doñana, el proyecto no se autorizará”.
Esta decisión debería suponer el golpe de muerte definitivo a un proyecto que lleva vivo más de 15 años y que ha cosechado un enorme rechazo por su posible impacto sobre Doñana y los sectores económicos del estuario y por sus más que dudosos beneficios para la sociedad.
