Desde la década de 1990, el Gobierno central financia la recogida y el reciclaje del aceite usado, un producto altamente contaminante que se recupera en un cien por cien, ya que está terminantemente prohibido que este residuo acabe en un vertedero. La normativa obliga a que al menos el 60 por ciento del aceite usado recogido se emplee para la regeneración, es decir: la obtención de nuevas bases de lubricantes que al sumarle aditivos puedan volver al mercado de los aceites. La otra opción que les queda a estos aceites al completar su ciclo de vida es ser utilizados para valorización energética, es decir, como combustibles, dado su alto valor calórico.
Sin embargo, desde el año 2007 y bajo el principio de quien contamina paga, el RD 679/2006 estableció unas nuevas reglas del juego.
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